“No estoy en condiciones económicas para tomar una defensa privada”, expresó Moisés Ale. Sentado en medio de la sala, el imputado respondió así al presidente del Tribunal, Dante Ibáñez, quien le había preguntado si optaba por designar a un abogado particular en reemplazo de Marta Toledo, hasta ayer, la defensora pública que lo patrocinaba en el juicio por el crimen del empleado de Vialidad.

Ante esa contestación, la Sala II dispuso la suspensión del debate oral debido a la licencia de la representante del Ministerio Pupilar y de la Defensa, presentada a raíz de problemas de salud. Estaban prevista para ayer el tratamiento de nuevas pruebas y se esperaba el inicio de los alegatos de las partes, luego de un poco más de dos semanas de desarrollo con audiencias discontinuas.

Los magistrados aguardan ahora que el organismo judicial, a cargo de Washington Navarro Dávila, asigne a un sustituto para ejercer el amparo de Ale, señalado como el autor material del crimen de Ramón Fernando Paz, ocurrido en septiembre de 2007. Fuentes judiciales dijeron ayer que ya había sido elegido el nuevo defensor subrogante, aunque no había sido definido de manera oficial.

Sin embargo, el proceso de designación oficial conlleva una etapa burocrática, lo que podría aplazar varios días el juicio penal. Entre otras circunstancias, la letrada sucesora, que podría ser María Marta Contreras Cuenca, puede asumir el cargo sin objeciones o se podría excusar de intervenir en la causa por conocer o haber representando en el ámbito particular al enjuiciado, como antecedente.

A la vez, en caso de que asumiera, podría solicitar un plazo máximo de tres días hábiles para ejercer el derecho de defensa, que implica dialogar con su defendido para ponerse al tanto de los sucedido y así determinar la estrategia de defensa.

Durante el juicio, el Tribunal ordenó la detención por posible falso testimonio de cuatro testigos, entre ellos el ex miembro de la división Criminalística de la Policía y perito balístico particular, Oscar Terraza, y la investigación por el mismo delito de seis declarantes.